Las negociaciones fueron largas y dolorosas, pero al final se llegó a un acuerdo: Los estados miembros de la Unión Europea acordaron apoyar reformas de índole ambiental y social para las grandes empresas. A la espera de la aprobación final por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, la responsabilidad social de las empresas ha pasado de ser voluntaria a ser obligatoria.
Como tal, este acuerdo podría ser un paso trascendental hacia adelante, es una victoria significativa. Pero los vacíos en la redacción han dejado a muchos miembros de la Coalición Europea por la Justicia Corporativa (ECCJ por sus siglas en inglés) preguntándose si la victoria es superficial, y si las reformas acordadas serán suficientes para impulsar un cambio real.
El potencial es grande. Después de un gran enfrentamiento de opiniones, el acuerdo hecho en Bruselas consagrará como deber legal el informar sobre los impactos no financieros de las actividades de negocio. Seis mil grandes empresas tendrán que informar sobre sus políticas en materia de diversidad, cuestiones sociales y corrupción, así como de los riesgos que suponen para los derechos humanos y para el medioambiente, incluyendo sus cadenas de suministro.
Pero la oposición de algunos Estados miembros, en particular Alemania, Polonia y el Reino Unido, significa que los requisitos no se aplicarán a la mayoría de las grandes empresas. Según estimaciones, solo a 1 de cada 7 grandes empresas se le pedirá el reporte. Las empresas también tendrán la libertad de elegir qué indicadores y estándares utilizarán para la presentación de informes. Y finalmente los informes serán auditados, pero no verificados, y además no habrán sanciones para las empresas que no cumplan.
Los desacuerdos sobre si la reforma debe ser obligatoria o voluntaria casi descalifican todo el paquete, y el resultado es entonces sólo un compromiso que da a las empresas una gran flexibilidad para cumplir con la reforma.
Sin embargo, hay poco desacuerdo en las empresas sobre el valor de los informes no financieros. Un reciente estudio realizado por PWC mostró que tres de cada cuatro directores ejecutivos coincidieron en que contribuyeron a su éxito a largo plazo. La identificación de los riesgos para un negocio, ya sean financieros, sociales o ambientales, ha sido reconocido como crucial para los inversores y las empresas más progresistas reconocen que su relación con otros grupos de interés también es importante.
Algunas compañías, incluyendo a Ikea y Unilever se pronunciaron a favor de las reformas, pero también hubo indicios de que los dinosaurios de la industria estaban trabajando activamente en contra de la reforma, los costos que esta implica y la burocracia de su enfoque obligatorio. Business Europe argumentó a gritos que la responsabilidad social de las empresas solo puede funcionar si es voluntaria. La posición del gobierno alemán parecía hacer eco a esta afirmación.
No hay duda de que algunas compañías permanecerán ciegas a las ventajas de este tipo de reportes, seguirán dejando de lado los efectos adversos de sus negocios e ignorando los costos que estos generan. Es poco probable que las reformas vayan a transformar el comportamiento empresarial de la noche a la mañana y que los abusos graves dejen de suceder, pero la responsabilidad recae ahora en los líderes corporativos para hacer que estas reformas funcionen y beneficien realmente a sus empresas. Los informes que carezcan de sentido serán un proceso más de burocracia, pero los datos significativos serán de mucho valor para todos.
Las demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas están creciendo desde los inversores y la sociedad civil, y los líderes empresariales inteligentes ya han reconocido que estas reformas pueden ser una herramienta útil para utilizar en su beneficio, pues al cumplir con los nuevos requisitos tendrán una mejor comprensión de los riesgos que enfrentan y actuarán acorde para reducirlos. Esto no solo será beneficioso para su reputación, sino también para la supervivencia de sus empresas a largo plazo. Es por eso que estas empresas tienen un papel clave que desempeñar en el impulso del mercado hacia una mayor transparencia.
Miembros de la Coalición Europea por la Justicia Corporativa han sido siempre muy claros en que un enfoque voluntario no conduciría a una sociedad más sostenible y justa, y en que los reportes sociales y medioambientales de las empresas deben ser obligatorios para que sean tomados en serio y eviten el «Greenwash”. La identificación de los riesgos de seguridad en una fábrica es sólo el primer paso en la eliminación del peligro, pero si no se reconocen los problemas, nunca se podrán abordar para encontrar soluciones.
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